El pasado 24 de mayo, el esperado concierto de Julión Álvarez en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, tuvo que ser pospuesto tras la inesperada cancelación de su visa de trabajo, apenas un día antes del evento. Henry Cárdenas, CEO de Cárdenas Marketing Network y promotor del espectáculo, confirmó la noticia calificándola como una “pérdida total” de más de 2 millones de dólares. El evento estaba completamente vendido y prometía reunir a 50,000 personas.
Este no es un caso aislado. En los últimos meses, artistas de música regional mexicana como Grupo Firme, Los Alegres del Barranco y Banda Cuisillos también han enfrentado retrasos o revocaciones de sus visas por parte del Departamento de Estado de EE. UU., sin explicaciones claras. Abogados expertos indican que las nuevas políticas migratorias bajo la administración Trump han endurecido los procesos, generando incertidumbre en toda la industria del entretenimiento.
Aunque en algunos casos recientes se ha vinculado la revocación de visas a presentaciones que presuntamente glorifican figuras del narcotráfico, artistas como Álvarez y Grupo Firme no son conocidos por cantar narcocorridos. Para promotores y abogados, la falta de transparencia y criterios consistentes pone en jaque la planeación de giras, impacta financieramente a cientos de trabajadores y genera desconfianza entre los fans.
“La música regional mexicana ha crecido como nunca en EE. UU., pero si sus artistas no pueden entrar al país, el futuro del género está en riesgo”, advierte la abogada de entretenimiento Marjorie García. Mientras tanto, Cárdenas y otros promotores trabajan a contrarreloj buscando soluciones políticas y legales que frenen lo que muchos ya consideran una amenaza a toda una industria.
